Los empresarios andaluces de formación, congregados en Cecap Andalucía, han pedido la elaboración de un plan estratégico con vistas a mejorar la formación profesional para el empleo y han demandado que "se acredite en competencias a 2,8 millones de trabajadores andaluces en un periodo adecuado".
Cecap Andalucía pide elaborar una normativa estable "y que se aplique por igual en todas las provincias", apuesta por "mejorar la calidad y doblar el número de trabajadores que reciben formación anualmente, con presupuestos similares".
Asimismo, aboga por "mejorar la empleabilidad, potenciar el autoempleo y el emprendimiento a través de la formación y adecuar la formación que se imparte a los sectores productivos en cada territorio". Solicitan asimismo una "estabilidad normativa y unificación de criterios, así como una estabilidad presupuestaria para las entidades colaboradoras".
El sector demanda que se autorice a las empresas de formación, "con exhaustivo control yseguimiento por parte de la Administración", a impartir formación acreditable de forma privada como en el sistema reglado, así como que la formación de demanda "se considere válida para la obtención de los certificados de profesionalidad".
Cecap apuesta por iniciar programas formativos plurianuales" y por considerar que "el beneficiario de la subvención es el alumno 'trabajador' que realiza el curso y no la entidad que imparte".
También pide fomentar la inversión del sector privado en la Formación Profesional para el Empleo para aumentar los recursos actuales y conseguir converger con Europa, así como "crear una Red de Centros de FPE que cubran las demandas formativas de los sectores productivos en cada territorio".
Piden que se realice un estudio para que "la formación de oferta para desempleados funcione como la de demanda", además de que Cecap "participe en el observatorio del mercado de trabajo, por su conocimiento de las necesidades formativas de empresas y trabajadores".
Reclaman que "no se aplique a las empresas privadas de formación la Ley General de Subvenciones y permitir el lícito, justo y necesario beneficio empresarial" y demanda una revisión de todo el proceso formativo actual, "con la detección de necesidades y Oferta formativa y que incluya criterios de concurrencia competitiva".
"Nuestro sector, con autorización de la Administración para impartir formación privada acreditable para la obtención de los certificados de profesionalidad, sin aumento de fondos públicos, doblaría el número de trabajadores que reciben formación para el empleo anualmente y además, convertiría los actuales 20.000 trabajadores eventuales en fijos y generaría más de 10.000 puestos de trabajo en Andalucía", ha agregado.
Cecap Andalucía está formada por 8 asociaciones provinciales, cada una de ellas integradas en las organizaciones empresariales de su provincia y miembros del órgano de mediación de consumo.
En Andalucía existen más de 2.000 empresas de formación, más de 35.000 puestos de trabajo --de los que hay más de 15.000 empleados en plantilla y más de 20.000 eventuales--, en unas empresas con instalaciones que suman más de 500.000 metros cuadrados y más de 10.000 aulas, así como más de 850.000 alumnos y más de 130.000 empresas clientes.
El sector lamenta que "el gasto en formación representa en España solamente el 23 por ciento del presupuesto global de las políticas activas de empleo, frente al 41 por ciento de la media europea" y critica que la inversión privada en formación "es escasísima".
Asimismo, lamenta que "el 51% de nuestra población activa no tiene certificada su cualificación" y agrega que un 49 por ciento de la población cualificada por su experiencia laboral "no tiene titulación que lo acredite".
Cecap agrega que la formación para desempleados "apenas alcanza, cada año, al 10 por ciento de los desempleados y al 25 por ciento de los ocupados".
La asociación reconoce que "existe un desajuste entre la formación de los trabajadores y la demanda de los sectores productivos" y agrega que actualmente "no existe una red de centros estructurada y reconocida capaz de dar cobertura a las demandas formativas de los trabajadores y empresas en las 26 familias profesionales".
De esta forma, apunta que la formación de demanda "no está cubriendo actualmente todo lo que se esperaba de ella, entre otras cuestiones por la falta de certificación de la formación impartida".
